Segundo Conversatorio

CONVERSATORIO Buenos Aires ciudad: 12 años de gobierno del PRO

Por una solución democrática, desde y para el pueblo venezolano

DECLARACION INTERNACIONAL

Detener la escalada del conflicto político en Venezuela. Contra la intervención imperial

Venezuela vive una crisis sin precedentes, que se ha venido agravando paulatinamente en los últimos años, al punto de afectar dramáticamente todos los aspectos de la vida de una nación. El colapso de los servicios públicos, el derrumbe de la industria petrolera y la caída extraordinaria del PIB, la hiperinflación, el aumento vertiginoso de la pobreza, la migración de millones de personas definen esta crisis, entre otros factores. La conflictividad política ha escalado a niveles muy peligrosos, socavando el estado de derecho, el marco de convivencia social y la salud de las instituciones. La población del país se encuentra en un estado de absoluta vulnerabilidad.

El Gobierno de Nicolás Maduro ha avanzado hacia el autoritarismo, suprimiendo de facto numerosas formas de participación popular que habían logrado establecerse desde los inicios del proceso bolivariano. Ha aumentado la represión ante las numerosas protestas y muestras de descontento social; ha secuestrado la vía electoral como mecanismo de toma de decisiones colectivas; y ha gobernado al margen de la Constitución, aplicando un estado de excepción permanente. Mientras tanto, se avanza en la profundización del extractivismo y en la aplicación de políticas económicas de ajuste que favorecen a corporaciones transnacionales, e impactan negativamente en la sociedad y  la naturaleza.

En paralelo, los sectores extremistas del bloque de oposición que lograron encabezar distintas movilizaciones han impulsado varios llamados a una salida forzada y radical del Gobierno de Maduro (en 2014 y 2017), lo cual ha generado serias confrontaciones violentas y ataques a infraestructuras. Esto ha contribuido al estrangulamiento de la vida cotidiana de millones de personas, y a una severa afectación a los marcos de convivencia pacífica.

Adicionalmente, en el marco de un auge y alineamiento de las derechas en América Latina, se intensificó la intervención foránea, principalmente del Gobierno de los Estados Unidos, el cual desde 2015 ha asumido una posición mucho más agresiva con Venezuela, a través de Órdenes Ejecutivas, declaraciones amenazantes, creación de lobbies regionales e internacionales contra el Gobierno de Maduro y sanciones económicas que impactaron en la economía nacional.  Otros actores internacionales como China y Rusia también inciden en el curso de los acontecimientos según sus propios intereses, configurando una situación geopolítica sumamente tensa.

La autoproclamación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como ‘presidente interino’ de Venezuela para encabezar un gobierno de transición, el 23 de enero de 2019, ha desatado una nueva escalada de la crisis. Este intento de crear un Estado paralelo en el país encontró un rápido reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos, así como de otros países aliados como Canadá, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Paraguay, entre otros.

La creación de un Estado paralelo centrado en la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, apoyado por EEUU y el llamado Grupo de Lima, abre el escenario para la profundización de la crisis y el desencadenamiento de un conflicto interno armado, una guerra civil con participación internacional. Un escenario devastador para la población y para la República venezolana, la cual podría desmembrarse y ser objeto de rapiña por diferentes intereses internacionales, como ha sucedido en otras regiones del mundo como consecuencia de intervenciones imperialistas recientes.

La agresiva presión del Gobierno de los Estados Unidos, así como las confrontaciones diplomáticas entre este y el Gobierno venezolano, crean situaciones muy peligrosas.

La situación generada ya no sólo representa una amenaza a la posibilidad de democracia, sino a la vida de millones de venezolanos y a la estabilidad en la región. En una confrontación armada, son los pueblos los principales afectados, y más en la situación actual de Venezuela donde la población ya vive una enorme precariedad y violencia en el marco de disputas territoriales.

En este sentido, quienes firmamos,

·         Rechazamos el autoritarismo del Gobierno de Maduro.

·         Rechazamos también la represión gubernamental, ante el crecimiento de las protestas en todo el país, por alimentación, transporte, salud, participación política, servicios públicos, salarios dignos, entre otros. El pueblo venezolano, que sufre la enorme precariedad y la represión actual, tiene derecho a protestar sin ser criminalizado por ello.

·         Rechazamos la autoproclamación de Juan Guaidó y la creación de un Estado paralelo en el país, que no traerá sino mayor conflicto y  no soluciona los principales problemas que afronta el país.

·         Repudiamos cualquier atajo político anti-democrático que no tribute a una solución pacífica y decidida por el pueblo.

·         Rechazamos el intervencionismo estadounidense, así como cualquier otra forma de injerencia extranjera. Venezuela no debe convertirse en campo de batalla internacional. Es el pueblo venezolano quien debe decidir su destino. Invitamos a los pueblos a apoyar y acompañarlo en este sentido.

·         Hacemos un urgente llamado a la convergencia de actores políticos y organizaciones sociales para unir fuerzas con el fin de detener la escalada del conflicto político en Venezuela.

·         Instamos a promover escenarios de diálogo y buscar soluciones en las cuales el pueblo venezolano pueda decidir, democráticamente y desde abajo, su destino próximo; a reanudar con los procesos de democratización que había construido la revolución bolivariana en sus inicios.

·         Pedimos que la solución parta y se apoye en los principios de la Constitución de la República. Es fundamental reconstruir los marcos sociales, políticos e institucionales para el entendimiento.

·         Apoyamos las propuestas, formuladas desde Venezuela, de salidas negociadas ya sea por la vía de la mediación ofrecida por los gobiernos de Uruguay y México, o por la realización de un referéndum consultivo vinculante para que sea la población venezolana la que decida sobre la convocatoria a elecciones generales.

·         Invitamos a los actores políticos nacionales a promover canales para una salida de la crisis económica que está asfixiando al pueblo venezolano. Dichos canales deben contribuir a paliar las carencias básicas de la población y potenciar el resurgimiento de una economía que posibilite el desenvolvimiento de la vida y el bienestar social.

La salida a la profunda crisis que vive la sociedad venezolana debe ser pacífica, constitucional y restituir la soberanía al pueblo venezolano.

Primeras Firmas

Edgardo Lander, Universidad Central de Venezuela (Venezuela)

Emiliano Terán Mantovani, Observatorio de Ecología Política (Venezuela)

Miriam Lang, Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador/Alemania)

Alberto Acosta,Economista, Economista  (Ecuador)

Tatiana Roa Avendaño, Censat Agua Viva (Colombia) - Cedla UvA (Amsterdam). 

Maristella Svampa, Universidad Nacional de La Plata (Argentina)

Joan Martínez Alier, Universidad Autónoma de Barcelona (España)

Carlos Walter Porto-Gonçalves, Universidade Federal Fluminense (Brasil)

Leonardo Bracamonte. Universidad Central de Venezuela (Venezuela)

Felipe Milanez, Universidade Federal da Bahia – UFBA (Brasil)

Ailynn Torres Santana, investigadora feminista (Cuba)

Leonardo Bracamonte- Universidad Central de Venezuela (Venezuela)

Pierre Beaudet, Universidad de Québec en Montréal (Canadá)

Enviar adhesiones a: declarvenezuela@gmail.com

SEGUNDO CONVERSATORIO, 28/11

Justicia y Constitución

en la Argentina actual

La propuesta es pensar críticamente el presente y futuro de la justicia argentina, y la Corte Suprema en particular, reflexionando sobre cómo debería leer la Constitución en un tiempo como el presente

El conversatorio contará con dos intervenciones disparadoras:

- Lucas Grosman 

(Dr en Derecho por la Universidad de Yale 

y actual Rector de la Universidad de San Andrés)

- Roberto Gargarella 

(Dr en Derecho, Constitucionalista y sociólogo)

Invitamos el miércoles 28 de Noviembre – 19 hs

Teatro General San Martín,

Corrientes 1530, 4to piso. CABA

Entrada Libre. 

http://espacioautonomodepensamientocritico.blogspot.com/

Conversatorio: Las elecciones presidenciales en Brasil

 El avance de la ultraderecha. Política, religión y balances del progresismo

El triunfo electoral de Bolsonaro en Brasil, un candidato de la ultraderecha, de reconocidas credenciales antidemocráticas, ha generado una gran preocupación en toda la región latinoamericana.

¿Cómo se explica la victoria electoral de Bolsonaro en la primera vuelta y su casi segura confirmación en ballotage? ¿Cómo ha influido en este resultado el cuestionamiento de la sociedad civil al conjunto de la clase política, y muy especialmente al PT, por su responsabilidad en delitos de corrupción? ¿Por qué el Lava Jato, lejos de fortalecer el sistema político democrático, lo ha debilitado? ¿Qué balance hacer del ciclo progresista brasileño ante este resultado electoral? ¿Qué decir del rol político de las iglesias evangélicas en Brasil? ¿Y sobre el avance del evangelismo en América Latina? En fin, ¿Cuál es el impacto de la elección de Bolsonaro en la región latinoamericana?

El conversatorio contará con dos intervenciones disparadoras:

-Pablo Semán (antropólogo, sociólogo)

-Pablo Stefanoni (Periodista, analista internacional)

Invitamos a todas y todos el miércoles 24 de octubre. Teatro General San Martín, Corrientes 1530, 4to piso. CABA.

Entrada Libre. 19h

http://espacioautonomodepensamientocritico.blogspot.com/

Espacio Autónomo de Pensamiento Crítico

La Argentina de los contrastes que merecen ser pensados

Adhesiones a: espaciopensamientocritico@gmail.com

Inmersos en una crisis económica y financiera que el gobierno no consigue revertir, dos hechos contrastantes y altamente significativos se presentan ante nosotros. Tanto por su carácter radical como por la imprevisibilidad de los escenarios que abren, estos procesos exigen una reflexión.

Por un lado, abruman los datos reveladores del carácter extendido de la corrupción, su condición estructural, su transversalidad histórica, su amplitud en términos de actores sociales involucrados, su impacto en la alarmante estructura de desigualdades en el país.

Por otro lado, se destacan las inmensas movilizaciones sociales producidas con motivo del tratamiento parlamentario del tema de la legalización del aborto. Dichas oleadas de movilizaciones tienen la particularidad de abrir a nuevos horizontes de prácticas democráticas, desnaturalizando la idea de que el debate sobre ciertos temas parecería estar clausurado, e instalan la posibilidad de pensar colectivamente desde nuevos escenarios de igualdad. 

Sin pretender exhaustividad, nos interesa en este documento reflexionar sobre la significación y alcance de estos dos hechos significativos para la historia de nuestro país.

1-La corrupción como alianza

La actual crisis económica y financiera, así como sus impactos sociales, se instala sobre una sociedad profundamente dañada. El daño no se mide solamente por la dificultad que muestra la sociedad argentina para romper con los esquemas binarios que continúan empobreciendo la política y obstaculizan la construcción de espacios políticos superadores. En gran medida, el daño se mide hoy por el carácter estructural que ha asumido la corrupción.

La corrupción no es algo nuevo en la sociedad argentina, aunque sí lo es su carácter creciente y expandido. La llamada “Patria contratista” ligada a la obra pública, por ejemplo, hunde sus raíces en la época de la última dictadura militar, e ilumina como pocas la  connivencia entre militares y empresarios en esos años nefastos. Ese pacto se continuó en los años de la democracia, ya entre  la “nueva” clase política y empresarios, alimentada por las privatizaciones de empresas y servicios públicos, y se amplificó mediante un estilo de hacer política, basado en la estrecha asociación entre delito, conductas políticas y negocios financieros y empresariales. Esta alianza encuentra una expresión palmaria en el financiamiento oscuro de las prácticas de la clase política y en el  notorio enriquecimiento económico de sus miembros y de la clase empresarial. Esta oscuridad está saliendo hoy a la luz y aparece ilustrada por la Argentina de los bolsos de dinero y de los registros de operaciones ilícitas, que eran de conocimiento de gran parte de la clase dirigente, pero  también incluye a la menos iluminada Argentina offshore, de la evasión y del endeudamiento masivo.

El resultado de ello ha sido la consolidación de una casta política y económica que sin duda atraviesa las diferentes administraciones y cuyos negocios son indiferentes al color político bajo el cual se presentan. Su contracara no es otra que la profundización de las desigualdades, que afecta a gran parte de las clases medias y las clases populares. Ciertamente, la acumulación de la riqueza en un grupo reducido de personas y de corporaciones nacionales y trasnacionales es un hecho que no sólo está ligado a las políticas económicas y sociales aplicadas, sino también a la corrupción, a la impunidad, a la falta de controles horizontales y verticales, a la ausencia de independencia de las instituciones del Estado.

El carácter organizado, sistemático y exponencial que adquirió la corrupción y el enriquecimiento personal durante la pasada administración, implica un saqueo de los recursos del Estado y se ha hecho visible de un modo tan abrumador, constituyéndose en un hecho político-institucional de tal magnitud, frente al cual no cabe ninguna excusa. No cabe la posibilidad de negar estos hechos a través de expresiones descalificadoras (“los cuadernos son meras fotocopias”) o simplemente minimizando su alcance como si todo esto fuera una “farsa”, pura persecución política o una cortina de humo para negar el carácter crecientemente excluyente de las políticas económicas del actual gobierno. No cabe tampoco disminuir los hechos de corrupción diciendo que la Justicia argentina o algunos de sus jueces no están preparados, forman parte de una trama de poder, o no están a la altura de tales acontecimientos. Las evidencias son ya múltiples y variadas.

A esto hay que agregar que  la sucesión vertiginosa de hechos relevantes que golpea a la sociedad argentina y el tratamiento de los mismos en los medios de comunicación dificulta la instalación de procesos transparentes, al estilo “mani pulite”. Existe la posibilidad de que, pese a la espectacularidad de las denuncias y las confesiones de los personajes involucrados, estos hechos de corrupción se diluyan de modo frustrante en el corto plazo,  como ya sucedió en el pasado. De este modo, cabe la posibilidad de que esto no conlleve el desmantelamiento de la trama histórico-estructural que lo sostiene, más allá de la visible cadena de responsabilidades políticas. Tampoco la tendencia a la unilateralidad en la información es garantía de imparcialidad. Dicho de otro modo, no es sólo el gobierno nacional anterior el que está claramente comprometido con la trama de la corrupción, aunque éste aparece como el que la ha perfeccionado como sistema a gran escala; también es necesario indagar sobre la participación de los gobiernos provinciales, municipales, de la ciudad de Buenos Aires, de los poderes legislativos y judiciales en todas las jurisdicciones, para desentrañar esas tramas de corrupción que desconocen de banderías políticas y atraviesan a la clase dirigente en el país.

En suma, el arraigo de una trama de corrupción de gran parte de la clase dirigente argentina, que desborda las diferencias políticas entre los partidos de gobierno, expresa el vínculo estructural entre corrupción y desigualdad, e ilustra asimismo el enorme daño –político, moral, económico, cultural- sobre el tejido social y la sociedad en su conjunto. Pensar la sociedad y la política argentinas desde un horizonte de igualdad y de mayor democracia exige desmantelar dicho vínculo, ir hasta el fondo de la corrupción como matriz que define prácticas políticas, económicas y sociales en sus diferentes ramificaciones.

2-La brecha democrática

Contrastando con lo anterior, la discusión por el derecho al aborto en la Argentina, representa un episodio positivo y extraordinario en la historia del país, en base al cual podemos, muy provisionalmente, derivar algunas primeras reflexiones.

El fracaso de nuestras instituciones representativas, y en particular el papel lamentable del Senado en el procesamiento de la ley de aborto, no solo exponen la magnitud de nuestra crisis política sino también reflejan la profundidad de la “brecha democrática” que se advierte en nuestro país. En términos democráticos, son dos los elementos que merecen destacarse. En primer lugar, llama la atención el extendido sentido de protagonismo democrático que la ciudadanía reclama. Asumimos, cada vez más, que todos los asuntos públicos relevantes y que afectan nuestras vidas son asuntos sobre los que estamos llamados a intervenir y decidir: desde la fijación de tarifas, hasta las problemáticas socio-ambientales, la discusión sobre la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, o la más reciente ley del aborto. Asumimos, con razón y sin dudarlo, que se trata de temas que nos competen, y sobre los que nos toca decidir. Al mismo tiempo, esta firme y estable vocación por el “protagonismo democrático,” de gran parte de la sociedad se traduce en el valor de las discusiones habidas en el ámbito de la sociedad civil, pero también choca con el carácter extremo de la “exclusión democrática” puesta en juego por las instituciones construidas para procesar estos debates y demandas.

Los debates que se dieron en la sociedad, en torno al aborto, tuvieron un carácter excepcional. Prima facie, se pudo pensar que estábamos frente a un tema “imposible” –divisivo como pocos, en el marco de una sociedad políticamente polarizada, y en torno a cuestiones marcadas por la fe, las convicciones, y los prejuicios. A pesar de encontrarnos en un escenario que sólo prometía reafirmar la imposibilidad (o absurdidad) del debate democrático, lo cierto es que el debate se dio, y adquirió ribetes excepcionales: todas las personas que nos involucramos en el proceso aprendimos en el camino, reconocimos que la cuestión –aparentemente extrema y de “todo o nada”- era susceptible de matices y cambios, o precisamos nuestras posiciones iniciales. En breve, un éxito mayúsculo de la deliberación democrática.

En segundo lugar, más importante todavía es destacar que en este proceso se evidenció la magnitud de la brecha existente entre la vocación democrática de la ciudadanía y el carácter elitista y excluyente de nuestro sistema representativo y de nuestros representantes. El hecho es que nuestras instituciones, diseñadas por un pacto de elites en el siglo XIX, todavía permanecen sólidamente inmodificadas en su núcleo esencial: se trata de un marco institucional contra-mayoritario, elitista, y montado sobre supuestos de “desconfianza democrática”. Allí anida la contradicción esencial: la radicalidad de nuestras demandas de protagonismo democrático chocan hoy con el máximo deterioro de las cualidades representativas de nuestras instituciones de gobierno, y nuestro sistema de toma de decisiones (del cual la trama de corrupción es parte ineludible). La votación en el Senado (y las intervenciones de los senadores y las senadoras, incluso de muchos diputados y diputadas que votaron en contra del proyecto de ley, la impermeabilidad de éstos a los cambios y demandas sociales, en contraste con su permeabilidad a las presiones de grupos de poder reaccionarios e intimidantes, como así también la vetustez cuando no ignorancia que reflejaron sus posiciones) sólo evidenció de un modo especialmente notable, hasta la caricatura, la dimensión de la “brecha.” Claramente, para avanzar hacia un horizonte de mayor igualdad y participación democrática, este “corset” que hoy imponen nuestras instituciones a la común vocación democrática debe romperse aunque es incierto cuándo, cómo y con qué consecuencia es que irá a producirse dicha inevitable ruptura.

Por otro lado, conviene tomar nota sobre el significado e implicaciones posibles de las movilizaciones producidas alrededor de la discusión sobre la legalización del aborto. En esta gran movilización convergieron dos olas: la primera, representada por aquellas mujeres y colectivos feministas que desde décadas vienen luchando por la ampliación de derechos; la segunda, ilustrada por la flamante vitalidad antipatriarcal de las jóvenes, que a la lucha contra los femicidios y la violencia de género, sumaron el pañuelo verde por la legalización del aborto y la autonomía de los cuerpos. La primera ola, referida al movimiento social feminista, ha sido objeto de recurrentes estudios y debates: sabemos algo acerca de sus orígenes, su fuerza y su capacidad transformadora. Sobre la segunda, en cambio, es poco lo que sabemos, y mucho lo que todavía debemos aprender.

En buena medida, el colectivo integrado, en una parte relevante, por jóvenes en sus primeros años de adolescencia, mostró una espontaneidad y vitalidad únicas, y una presencia llamada a tener un protagonismo imprevisible en los tiempos por venir. No es fácil anclar a este movimiento en tradiciones de lucha construidas a lo largo de décadas. Emparentado con el “movimiento de los pingüinos” en Chile (muchos de cuyos líderes han asumido ya un papel protagónico en el Congreso chileno), o el más reciente movimiento de jóvenes contra la portación de armas, en los Estados Unidos, ligado también a los feminismos populares que se expanden en América Latina, el movimiento de los “pañuelos verdes” nos interpela, interroga y exige nuestra atención. La historia argentina contemporánea no reconoce otros fenómenos similares, salvo otro igualmente notable y de consecuencias profundas: las movilizaciones por los derechos humanos nacidas en las postrimerías de la dictadura.

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La Argentina continúa siendo un país de grandes contrastes. El escenario actual y el agravamiento de la crisis económica y financiera van delineando un preocupante proyecto de sociedad que conlleva no sólo una ampliación de las desigualdades sino un peligroso regreso a la polarización social. Desde el punto de vista económico, tal como dijimos en un documento anterior,[1]  no estamos frente a un ensayo novedoso y original: nuestra historia muestra recurrentes ciclos que van de la crisis de políticas de “expansionismo proteccionista” a la crisis de políticas de “aperturismo neoliberal”. En esa línea, el gobierno de Cambiemos resucita visiones y políticas cuya inconsistencia y fracaso se ha probado de modo acabado en el pasado, tanto aquí como en otras economías; políticas que llevan a mayores desigualdades distributivas, inconsistencias y desbalances macroeconómicos y que tarde o temprano terminan en crisis del sector externo, monetarias y fiscales.

Hasta hace poco tiempo, algunos analistas y políticos todavía apelaban a la tesis de la “herencia recibida” para justificar los frustrantes resultados económicos y sociales del actual gobierno. Casi tres años después, dichas coartadas están desgastadas. Basta señalar un ejemplo: el propio gobierno en su acuerdo con el FMI indica como uno de los principales detonantes y peligros de la actual crisis a los títulos de la deuda del Banco Central (Lebac); pues bien, la acumulación de esa deuda es resultado de las erradas políticas de este gobierno y no del anterior. La confusa y errática política cambiaria, la incapacidad de encarar reformas tributarias progresivas, la improvisación e irracionalidad de los recortes de gastos públicos, son sólo algunas evidencias de que gran parte de los actuales problemas económicos y sociales han sido generados por el propio gobierno de Cambiemos. 

Más allá de la complicada herencia económica recibida, la política económica y social de este gobierno está en el centro de la explicación de la persistencia de alta inflación, los aumentos imparables de tarifas, la caída del salario real, el aumento del desempleo, el desbalance creciente de las cuentas externas, el exponencial aumento del endeudamiento, el desfinanciamiento cada vez más preocupante de la educación pública, etc. Asimismo, el incremento de los indicadores de pobreza, desempleo y precariedad laboral, de las demandas de alimentos en los comedores y escuelas, dan cuenta de la ampliación de las brechas de la desigualdad y advierten sobre las tendencias hacia el aumento de las privaciones en los grupos sociales más desfavorecidos.

En diciembre próximo se cumplirán 35 años de vida institucional ininterrumpida en el país, período que trajo grandes transformaciones sociales, políticas y culturales. Al calor de los hechos recientes y con la mirada puesta en siete lustros de régimen democrático, necesitamos repensar los contrastes, entre la persistencia de la élite político-empresarial, cuya corrosión es ostensible, y la esperanza que genera la sociedad civil, organizada detrás de ideas-fuerza, con capacidad de canalizar demandas colectivas a través de promisorios procesos de discusión democrática. La irrupción de un nuevo movimiento social nos revela de modo notorio que la política es algo más que las reglas fijas del sistema institucional o los pactos de dominación existentes, pero también pone de manifiesto la fuerza y capacidad de dicha élite política para obstaculizar y obturar esas demandas.

Espacio Autónomo de Pensamiento Crítico

Primeras firmas. Roberto Gargarella, Rubén Lo Vuolo, Maristella Svampa, Beatriz Sarlo, Pablo Alabarces, Alicia Lissidini, Enrique Viale, Gabriela Massuh, Horacio Tarcus, Patricia Pintos, Silvina Ramírez, Julio Aguirre, Corina Rodríguez Enríquez, 
Adhesiones: Carlos Gabetta (periodista, escritor), Ariel Hendler (periodista), Claudio Vallory (docente y periodista), Federico Lorenz (escritor, historiador), Larisa Moris (Abogada), Luis Escobar, Carlos Suarez (periodista), Pablo Manuel Torres (sociólogo, trabajador del Ministerio de Ciencia y Técnica), Marcela Lis Bosco (docente, investigadora), Emilio de Ipola (sociólogo, docente), Carlos Rusconi, Carlos Penelas, María Elena Ques, Leandro Berraz Oroño, Candela Gómez Días (periodista), Aleardo Laría (profesor, periodista)

http://espacioautonomodepensamientocritico.blogspot.com

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[1] http://espacioautonomodepensamientocritico.blogspot.com/2018/05/hacia-una-caracterizacion-del-gobierno_11.html

LLamado y adhesiòn: "Peligroso paso hacia la militarización de la seguridad interior"

LLamado y adhesion desde el ESPACIO AUTONOMO DE PENSAMIENTO CRITICO
Buenos Aires, 26 de julio de 2018

El "ESPACIO AUTÓNOMO DE PENSAMIENTO CRÍTICO" adhiere al documento firmado por el CELS, el ILSED y Grupo Convergencia XXI: “Peligroso paso hacia la militarización de la seguridad interior”, que denuncia el nuevo rol que le adjudica a las Fuerzas Armadas un Decreto del Poder Ejecutivo Nacional.

Firman por el Espacio:

Roberto Gargarella, Ruben Lo Vuolo, Maristella Svampa, Beatriz Sarlo, Enrique Viale, Gabriela Massuh, Alicia Lissidini, Patricia Pintos. 

"Peligroso paso hacia la militarización de la seguridad interior"

El Poder Ejecutivo publicó un decreto que modifica la política para las Fuerzas Armadas. Esos cambios modifican el acuerdo multipartidario que el sistema político le dio a las FFAA luego de recuperada la democracia y durante los siguientes 30 años.

El presidente de la Nación comunicó el inicio de una “nueva política de defensa” con una serie de anuncios generales y ambiguos, pero enmarcados en un mensaje muy claro de avance hacia la participación de las Fuerzas Armadas en la persecución de delitos como el narcotráfico o el terrorismo. Es decir, se afirmó la voluntad de Cambiemos de incorporar a las FFAA en misiones vinculadas con cuestiones de seguridad interior en las que tienen prohibido participar por ley.

En línea con la doctrina de las “nuevas amenazas” que el gobierno viene instalando desde enero de 2016, se proponen una serie de coordenadas para modificar las misiones que, a través de un acuerdo multipartidario, el sistema político le dio a las FFAA luego de recuperada la democracia y durante los siguientes 30 años. Esta doctrina anunciada por el gobierno asume como propia la definición de una agenda internacional que viene impuesta y que no está necesariamente asociada a los intereses nacionales.

El mensaje presidencial planteó la necesidad de que la Argentina se modernice frente a los retos del siglo XXI y que, para eso, es preciso flexibilizar la legislación vigente en materia de seguridad y defensa. Al mismo tiempo, planteó que los militares “colaboren en seguridad interior”, fundamentalmente como apoyo a la lucha contra el narcotráfico en las fronteras. De acuerdo con el decreto 683/18 publicado hoy y una directiva presidencial que todavía no tomó estado público, se le otorgan más funciones a las FFAA. La reforma, que modifica el decreto reglamentario de la Ley de Defensa 727/06, se apoya en tres puntos principales: se elimina toda referencia a que una agresión externa debe ser de origen estatal, lo cual amplía los supuestos de intervención primaria de las FFAA a cuestiones de seguridad como el terrorismo y el narcotráfico, si se los caracteriza como “agresiones externas”. A su vez, hace hincapié en las tareas de “apoyo logístico” de las FFAA a las fuerzas de seguridad. El concepto que usa de apoyo logístico aparece estirado como una coartada para la intervención operacional prohibida por la Ley de Seguridad. Por último, da a las FFAA la facultad de custodiar objetivos estratégicos sin las limitaciones de la Ley de Defensa. Según esta ley, la intervención de las FFAA en este aspecto se encuentra prohibida salvo que una ley del Congreso defina esos objetivos como zona militar. Es decir, la reforma implica un cambio en el paradigma político de intervención de las FFAA así como, en algunos puntos, un exceso en las facultades de reglamentación, ya que lo hace en contra de las leyes de Defensa y de Seguridad.

Este cambio suscita una fuerte preocupación en torno a cómo se definirán esas “agresiones externas”; quién y con qué criterios y alcance se definirá la intervención militar en seguridad, justificada en la necesidad de dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad; así como qué es un objetivo estratégico, fundamentalmente en relación a las derivaciones que esto pudiera tener incluso en cuestiones de gestión de la conflictividad social, tarea para la cual las FFAA tienen prohibido intervenir y no están preparadas.

Estas medidas se justifican con argumentos modernizadores, pero en realidad implican reproducir políticas de probada ineficacia, que agravaron los problemas en lugar de resolverlos y que hoy están siendo desmanteladas en muchos países. Estas políticas en ningún caso han contribuido a resolver los problemas planteados por las denominadas “nuevas amenazas”. Fracasaron en sus objetivos y tuvieron graves consecuencias para los derechos humanos: escalaron el conflicto social y los niveles de violencia institucional, hay miles de muertos y desaparecidos, se dio un proceso de creciente corrupción de los propios militares. En el caso de Brasil, por ejemplo, la creciente militarización de la seguridad ha dado mayor relevancia a las fuerzas armadas en la vida institucional de ese país. Las derivaciones políticas de este hecho no pueden ser menospreciadas en la región. La decisión del Ejecutivo de anunciar estos cambios, en momentos en que en Brasil los militares intentan incidir en la vida nacional en todos los frentes es por demás alarmante.

El camino elegido por el gobierno elude el debate social y político sobre un tema fundamental para la democracia argentina. Elude también cualquier debate sobre los controles parlamentarios que deben funcionar si se toma en serio que esto es una “verdadera reforma del sistema de defensa nacional”. Es una decisión unilateral e improvisada que, lejos de brindar mayor certeza a la ciudadanía, instala un clima de incertidumbre e implica una regresión democrática. Ni las FFAA ni la sociedad civil se sienten más seguras y protegidas por la democracia con este tipo de decisión unilateral, inconsulta y monopartidista.

Esta reforma abre una puerta muy peligrosa a la derogación del principio de demarcación entre defensa nacional y seguridad interior, desprofesionaliza y convierte a las FFAA en actores de la “lucha contra el crimen” y habilita una militarización de la seguridad interior que traerá consecuencias profundas para el sistema democrático. Esto no es modernizar sino retroceder.

Carlos Acuña, Luciano Anzelini, Ileana Arduino, Jorge Battaglino, Alberto Binder, Paula Canelo, Agustín Colombo Sierra, Nicolás Comini, Gastón Chillier, Enrique del Percio, Rut Diamint, Natalia Federman, Enrique Font, Sabina Frederic, Jaime Garreta, Manuel Garrido, Juan Carlos Herrera, Gabriel Kessler, Paula Litvachky, Ernesto López, Juan López Chorne, Pablo Martínez, Germán Montenegro, Alejandra Otamendi, Gustavo F. Palmieri, José Paradiso, Hernán Patiño Mayer, Sidonie Porterie, Marcelo Sain, Raúl Sánchez Antelo, Catalina Smulovitz, Luis Tibiletti, Juan Tokatlian, Manuel Tufró, José M. Vásquez Ocampo, Horacio Verbitsky, siguen las firmas

Grupo Convergencia XXI
Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia- ILSED
Centro de Estudios Legales y Sociales- CELS, siguen las firmas