Por una solución democrática, desde y para el pueblo venezolano

DECLARACION INTERNACIONAL

Detener la escalada del conflicto político en Venezuela. Contra la intervención imperial

Venezuela vive una crisis sin precedentes, que se ha venido agravando paulatinamente en los últimos años, al punto de afectar dramáticamente todos los aspectos de la vida de una nación. El colapso de los servicios públicos, el derrumbe de la industria petrolera y la caída extraordinaria del PIB, la hiperinflación, el aumento vertiginoso de la pobreza, la migración de millones de personas definen esta crisis, entre otros factores. La conflictividad política ha escalado a niveles muy peligrosos, socavando el estado de derecho, el marco de convivencia social y la salud de las instituciones. La población del país se encuentra en un estado de absoluta vulnerabilidad.

El Gobierno de Nicolás Maduro ha avanzado hacia el autoritarismo, suprimiendo de facto numerosas formas de participación popular que habían logrado establecerse desde los inicios del proceso bolivariano. Ha aumentado la represión ante las numerosas protestas y muestras de descontento social; ha secuestrado la vía electoral como mecanismo de toma de decisiones colectivas; y ha gobernado al margen de la Constitución, aplicando un estado de excepción permanente. Mientras tanto, se avanza en la profundización del extractivismo y en la aplicación de políticas económicas de ajuste que favorecen a corporaciones transnacionales, e impactan negativamente en la sociedad y  la naturaleza.

En paralelo, los sectores extremistas del bloque de oposición que lograron encabezar distintas movilizaciones han impulsado varios llamados a una salida forzada y radical del Gobierno de Maduro (en 2014 y 2017), lo cual ha generado serias confrontaciones violentas y ataques a infraestructuras. Esto ha contribuido al estrangulamiento de la vida cotidiana de millones de personas, y a una severa afectación a los marcos de convivencia pacífica.

Adicionalmente, en el marco de un auge y alineamiento de las derechas en América Latina, se intensificó la intervención foránea, principalmente del Gobierno de los Estados Unidos, el cual desde 2015 ha asumido una posición mucho más agresiva con Venezuela, a través de Órdenes Ejecutivas, declaraciones amenazantes, creación de lobbies regionales e internacionales contra el Gobierno de Maduro y sanciones económicas que impactaron en la economía nacional.  Otros actores internacionales como China y Rusia también inciden en el curso de los acontecimientos según sus propios intereses, configurando una situación geopolítica sumamente tensa.

La autoproclamación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como ‘presidente interino’ de Venezuela para encabezar un gobierno de transición, el 23 de enero de 2019, ha desatado una nueva escalada de la crisis. Este intento de crear un Estado paralelo en el país encontró un rápido reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos, así como de otros países aliados como Canadá, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Paraguay, entre otros.

La creación de un Estado paralelo centrado en la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, apoyado por EEUU y el llamado Grupo de Lima, abre el escenario para la profundización de la crisis y el desencadenamiento de un conflicto interno armado, una guerra civil con participación internacional. Un escenario devastador para la población y para la República venezolana, la cual podría desmembrarse y ser objeto de rapiña por diferentes intereses internacionales, como ha sucedido en otras regiones del mundo como consecuencia de intervenciones imperialistas recientes.

La agresiva presión del Gobierno de los Estados Unidos, así como las confrontaciones diplomáticas entre este y el Gobierno venezolano, crean situaciones muy peligrosas.

La situación generada ya no sólo representa una amenaza a la posibilidad de democracia, sino a la vida de millones de venezolanos y a la estabilidad en la región. En una confrontación armada, son los pueblos los principales afectados, y más en la situación actual de Venezuela donde la población ya vive una enorme precariedad y violencia en el marco de disputas territoriales.

En este sentido, quienes firmamos,

·         Rechazamos el autoritarismo del Gobierno de Maduro.

·         Rechazamos también la represión gubernamental, ante el crecimiento de las protestas en todo el país, por alimentación, transporte, salud, participación política, servicios públicos, salarios dignos, entre otros. El pueblo venezolano, que sufre la enorme precariedad y la represión actual, tiene derecho a protestar sin ser criminalizado por ello.

·         Rechazamos la autoproclamación de Juan Guaidó y la creación de un Estado paralelo en el país, que no traerá sino mayor conflicto y  no soluciona los principales problemas que afronta el país.

·         Repudiamos cualquier atajo político anti-democrático que no tribute a una solución pacífica y decidida por el pueblo.

·         Rechazamos el intervencionismo estadounidense, así como cualquier otra forma de injerencia extranjera. Venezuela no debe convertirse en campo de batalla internacional. Es el pueblo venezolano quien debe decidir su destino. Invitamos a los pueblos a apoyar y acompañarlo en este sentido.

·         Hacemos un urgente llamado a la convergencia de actores políticos y organizaciones sociales para unir fuerzas con el fin de detener la escalada del conflicto político en Venezuela.

·         Instamos a promover escenarios de diálogo y buscar soluciones en las cuales el pueblo venezolano pueda decidir, democráticamente y desde abajo, su destino próximo; a reanudar con los procesos de democratización que había construido la revolución bolivariana en sus inicios.

·         Pedimos que la solución parta y se apoye en los principios de la Constitución de la República. Es fundamental reconstruir los marcos sociales, políticos e institucionales para el entendimiento.

·         Apoyamos las propuestas, formuladas desde Venezuela, de salidas negociadas ya sea por la vía de la mediación ofrecida por los gobiernos de Uruguay y México, o por la realización de un referéndum consultivo vinculante para que sea la población venezolana la que decida sobre la convocatoria a elecciones generales.

·         Invitamos a los actores políticos nacionales a promover canales para una salida de la crisis económica que está asfixiando al pueblo venezolano. Dichos canales deben contribuir a paliar las carencias básicas de la población y potenciar el resurgimiento de una economía que posibilite el desenvolvimiento de la vida y el bienestar social.

La salida a la profunda crisis que vive la sociedad venezolana debe ser pacífica, constitucional y restituir la soberanía al pueblo venezolano.

Primeras Firmas

Edgardo Lander, Universidad Central de Venezuela (Venezuela)

Emiliano Terán Mantovani, Observatorio de Ecología Política (Venezuela)

Miriam Lang, Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador/Alemania)

Alberto Acosta,Economista, Economista  (Ecuador)

Tatiana Roa Avendaño, Censat Agua Viva (Colombia) - Cedla UvA (Amsterdam). 

Maristella Svampa, Universidad Nacional de La Plata (Argentina)

Joan Martínez Alier, Universidad Autónoma de Barcelona (España)

Carlos Walter Porto-Gonçalves, Universidade Federal Fluminense (Brasil)

Leonardo Bracamonte. Universidad Central de Venezuela (Venezuela)

Felipe Milanez, Universidade Federal da Bahia – UFBA (Brasil)

Ailynn Torres Santana, investigadora feminista (Cuba)

Leonardo Bracamonte- Universidad Central de Venezuela (Venezuela)

Pierre Beaudet, Universidad de Québec en Montréal (Canadá)

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