Hacia una caracterización del gobierno de Cambiemos. Para una crítica de la política económica

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Mayo de 2018

En el primer documento de análisis crítico de la gestión de Cambiemos, difundido en febrero de este año, nos ocupamos de la política en materia de derechos humanos y de seguridad ciudadana. En el presente documento nos interesa abocarnos a presentar un análisis crítico de su política económica.

Tal como dijimos en aquel primer documento, es en el área económica donde el gobierno de Cambiemos utiliza con mayor insistencia la coartada de la “herencia recibida” para justificar los resultados más negativos de su gestión. En esa línea, también sostuvimos que no hay dudas de que los problemas económicos heredados del gobierno anterior eran numerosos: economía estancada y sin acceso al financiamiento internacional, alto y creciente déficit presupuestario financiado por expansión monetaria, sostenida y elevada inflación, mercados de cambio paralelos, creciente déficit externo con ineficaces controles de movimiento de capitales y mercaderías, drenaje de reservas, creciente costo de subsidio a los servicios públicos sin retornos ni en eficiencia ni en inversión. A esto se sumaba un “default selectivo” de la deuda, un nivel de pobreza por ingresos creciente y muy superior a las cifras oficiales, nula creación de empleo privado y marcado deterioro de los servicios sociales públicos.

Sin embargo, a más de dos años de la nueva gestión, muchos de estos problemas no sólo persisten, sino que además las políticas actuales generaron otras dificultades que van delineando un preocupante proyecto económico y social. Entre las políticas emblemáticas que vienen mostrando fracasos preocupantes cabe mencionar la política monetaria de metas de inflación, el estímulo oficial a la renta financiera por emisión de deuda, el descontrolado ajuste de las tarifas públicas sin mejoras en la producción, inversión y prestación de servicios, la errática política cambiaria, el creciente endeudamiento y su impacto cada vez más preocupante en las cuentas públicas, el persistente desbalance de las cuentas externas, la política en materia salarial, etc.

Las políticas del gobierno de Cambiemos indican que tiene más en claro los errores del gobierno anterior que los errores de gobiernos que han aplicado políticas económicas neoliberales en el pasado y en otras latitudes. En realidad, no estamos frente a un ensayo novedoso y original: la historia argentina muestra recurrentes ciclos que van de la crisis de políticas de “expansionismo proteccionista” a la crisis de políticas de “aperturismo neoliberal”. En esa línea, el gobierno de Cambiemos resucitó visiones y políticas cuya inconsistencia se ha probado de modo acabado en el pasado, tanto aquí como en otras economías; políticas que llevan a mayores desigualdades distributivas y que tarde o temprano terminan en crisis del sector externo, monetarias y fiscales.

Desde esta perspectiva, consideramos que debería analizarse el estrecho y confuso debate entre “gradualismo” y “shock” que aparentemente enfrenta a quienes buscan imponer el modelo aperturista neoliberal en el país. Este debate sobre los “ritmos” o la “velocidad” de los procesos en realidad oculta lo verdaderamente importante: los objetivos que buscan dichos procesos. El problema es que el gobierno busca imponer un modelo que profundiza un régimen económico liderado por las rentas extractivistas - ligada a los recursos naturales-, la renta financiera y las ganancias de las corporaciones más concentradas del poder económico. Es en este sentido que hay que entender la “normalización” de la economía de la que constantemente habla el gobierno.

La cuestión de las tarifas de los servicios públicos, y en especial respecto de la energía, ejemplifica lo anterior. La política oficial pretende “recomponer las señales de los precios”, afirmando que así recuperará producción, inversión y autoabastecimiento. Equivoca el camino: la energía y los recursos naturales son bienes comunes, lo cual implica reafirmar su carácter colectivo, colocarlos al servicio del conjunto del sistema económico y social, en una línea de respeto y cuidado por el ambiente. Si bien se trata de un sector económico mercantilizado, su carácter estratégico es evidente a poco que se piense que es un insumo de uso generalizado e ineludible por todos los agentes económicos, por lo cual la política debe contemplar los intereses del conjunto y no sólo de las corporaciones directamente vinculadas al mismo. Lejos de entenderlo así, el gobierno coloca el conjunto del sector energético al servicio de las ganancias corporativas, tal como lo muestra el subsidio a los hidrocarburos, muy especialmente orientados a los no convencionales. Esto explica los resultados desesperantes: sube la inflación y a su vez, baja la producción y la inversión. En otras palabras, con la política oficial los recursos públicos se orientan hacia uno de los sectores más ricos y concentrados de la economía con resultados negativos, mientras resta fondos para sectores socialmente críticos –como la educación y la salud-, a la vez que se incrementan los daños ambientales, tanto a nivel local como global (cambio climático).

Ante las repercusiones negativas de su política, el gobierno pretende compensar el impacto de la suba de tarifas con baja de impuestos sobre los servicios públicos. O sea, para garantizar las ganancias de las corporaciones y sin que se sepa muy bien a cambio de qué, el gobierno alienta la inflación y pierde recursos públicos. Lo anterior no pretende defender la carga impositiva regresiva sobre los consumos energéticos ni tampoco sugiere que debería continuar la política de subsidios del gobierno anterior. Lo que busca es señalar que una vez más la política en esta área estratégica está plagada de contradicciones y al servicio de grupos de interés sectoriales.

Por otra parte, es sabido que la reforma impositiva es una deuda pendiente de nuestra democracia. Más allá de las declamaciones, ningún gobierno se ha abocado seriamente a realizar una reforma progresiva. Así, cualquier gobierno que apuntara a ella, debería efectivamente preocuparse por bajar impuestos regresivos, compensando dicha baja con el aumento de impuestos progresivos, por ejemplo, a los grandes patrimonios de los que parecen disfrutar muchos de los actuales y exfuncionarios públicos, a la elevada renta financiera que garantiza el propio estado, a las grandes herencias, entre otros. No sólo que esta reforma no figura en la agenda de Cambiemos sino que su insistencia en la necesidad de bajar impuestos tiende a agravar el déficit fiscal que sigue en niveles similares al del gobierno anterior. El análisis comparado muestra que el problema no es el nivel de presión tributaria, sino su sesgo regresivo. Y no es este sesgo el que busca cambiar el gobierno que ofreció uno de los blanqueos de capitales más vergonzosos de la historia.

Desde la perspectiva descripta debe comprenderse el fracaso de la política oficial contra otro emblema del pensamiento ortodoxo: la inflación. Aquí no puede fingir “fallas de mercado” ni “herencia recibida”. La persistente inflación se vincula directamente con su ineficaz política monetaria, el crecimiento de los precios de los servicios públicos, la libertad de las corporaciones para formar precios, la errática política cambiaria, entre otros. Es muy preocupante observar que, ante el fracaso de sus políticas contra la inflación, el gobierno sólo propone la baja de salarios reales, el ajuste de beneficios sociales y la mayor suba de tasas de interés. Parece que para el gobierno, para bajar la inflación hay que flexibilizar el trabajo (bajar salarios) y aumentar la renta financiera, mientras se suben tarifas y se bajan impuestos (mayor déficit fiscal).

Otro argumento reiterado por este tipo de ensayo económico es que todo se normalizará cuando lleguen las inversiones externas, gracias a la confianza recuperada en el país. No sólo que las turbulencias financieras recientes contradicen esta expectativa, sino que además la experiencia dice que la inversión productiva depende de elementos que por ahora no están presentes. ¿Quiénes van a invertir genuinamente con una política tan errática y proclive a generar altas rentas financieras de corto plazo?  ¿Cómo se va a generar confianza de largo plazo si la competitividad que se pretende pasa por la vía de menos impuestos y más ajuste de costo laboral? Finalmente, ¿quién va a invertir en un país con endeudamiento, desequilibrios en cuentas externas y fiscales y un gobierno que no logra coordinar su política monetaria y cambiaria? En esta línea, no es extraño que los propios ministros del gobierno declaren tener la mayor parte de su riqueza en el exterior, argumentando que no tienen confianza en que la política oficial cambie las condiciones económicas del país.

Que no se repatrien los recursos de los propios funcionarios de gobierno parece una consecuencia natural de un contexto en donde las políticas agravan cada vez más el déficit en el sector externo, algo que -la historia nos enseña también- representa otra marca registrada de políticas de aperturismo neoliberal. Mientras tanto, sigue creciendo el consumo de argentinos en el exterior, siguen aumentando las importaciones y la salida de capitales (por cierto, otro ejemplo del poco éxito de la confianza que supuestamente generaría el publicitado blanqueo de capitales). Efectivamente, el crecimiento de las reservas solo se debe a la entrada de capitales financieros, los cuales sabemos, tarde o temprano saldrán en busca de “calidad” en el exterior.

 A estas preocupaciones se suma la riesgosa apuesta por las inversiones en infraestructura mediante contratos de participación público-privada. El argumento oficial señala las ventajas de corto plazo: son los privados los que gastan en obras de gran necesidad y visibilidad. Pero lo cierto es que hay muchos costos que son inciertos y se transfieren a futuro, como los de financiamiento y ajuste hasta el final de las obras, sin considerar que otra vez el gobierno compromete múltiples “incentivos fiscales” (desgravaciones y diferimientos de IVA y Ganancias) más avales y garantías que comprometen recursos públicos. Una vez más, la experiencia comparada, fundamentalmente en países con gobiernos afines a la ideología neoliberal de Cambiemos, no es muy positiva en la materia.

También preocupa las reiteradas políticas regresivas en el área laboral. Una vez más se afirma que el empleo debe estar atado al crecimiento, el cual vendría con las inversiones. En su favor, el gobierno esgrime los datos positivos del último año. Sin embargo, la experiencia indica que se trata de un rebote de los pisos previos, el cual está alentado por el empuje de la demanda proveniente del ingreso de capitales, antes que por un resultado de inversión productiva. Además, el empleo que (lentamente) se ha recuperado es sobre todo informal y precario, a lo que se suma la presión por negociar salarios por debajo de la inflación culpando al “costo laboral” de los problemas de competitividad del país. En todo caso, un planteo progresivo apuntaría a estrechar la dispersión productiva y salarial, no a bajar los salarios de quienes menos ganan; basta mirar la experiencia de los países nórdicos para entender que éste es el camino para una economía innovadora, competitiva y sobre todo, más igualitaria.

Otro tema preocupante se advierte en relación con las políticas sociales, tema que merece un documento en sí mismo. En realidad, en este análisis nos interesa destacar la “funcionalidad” que adquiere la política social dentro del esquema propuesto por Cambiemos. El gobierno reivindica hasta aquí la continuidad de algunas políticas sociales de la gestión anterior, reclamando un costado “social”, que supuestamente lo diferenciaría de experiencias neoliberales previas. Sin embargo, los cambios aplicados hasta la fecha están ampliando la dispersión de beneficios, al tiempo que exigen más condiciones de acceso y refuerzan la fragmentación institucional de los beneficios. Así, se profundiza la tendencia heredada del gobierno anterior de degradación de servicios públicos de salud y educación junto con políticas asistenciales cada vez más condicionadas. En esa línea, el gobierno corrobora que las políticas asistenciales heredadas en el área social tenían y continúan teniendo la función de legitimar socialmente la consolidación de un régimen económico liderado por las ganancias y las rentas financieras de las grandes corporaciones.

En suma, basta mirar la historia para alarmarse respecto de los objetivos y los resultados que trae consigo este nuevo ciclo de aperturismo económico neoliberal, sustentado en políticas públicas que favorecen el endeudamiento, el desfinanciamiento fiscal, la renta financiera y las ganancias corporativas. Así, más allá de los matices o especificidades, la historia enseña que con dichas políticas resulta muy difícil que la inversión productiva se recupere, que una política monetaria atenta a garantizar la renta financiera remueva las raíces de la inflación, que la promoción de las rentas extractivas de bienes naturales mejore la desestructuración productiva y la inserción subordinada del país en la economía internacional. Queda claro que, en el área económica, el gobierno de Cambiemos, lejos de representar un gran cambio, sintetiza una fase más, adaptada a los tiempos presentes, de los típicos ciclos de apertura económica neoliberal que suceden a la crisis de un ciclo de expansionismo proteccionista en nuestro país.

La actual crisis y la vuelta el FMI dan cuenta de los problemas estructurales de la estrategia económica del gobierno hasta aquí reseñada. Al igual que sucedió en otras crisis de regímenes neoliberales, el gobierno de Cambiemos reacciona tardíamente a los cambios internacionales, no entiende que la tasa de interés no es un instrumento antiinflacionario en economías como la argentina y tampoco pondera que la política de endeudamiento con desequilibrios estructurales lo vuelve muy vulnerable a los arbitrajes de los especuladores financieros. Tampoco parece comprender que el mercado interno necesita una reactivación que no se va a lograr con erráticas políticas que alteran la relación de precios para cualquier productor. Finalmente, vuelve a cometer un error ya reiterado al pretender que el “riesgo país” se puede bajar con discursos abstractos promercado en lugar de políticas consistentes. Los ajustes circunstanciales del tipo de cambio, la suba del riesgo país, el crecimiento de la inflación son expresión de un conjunto de inconsistencias de la política económica y no de medidas aisladas.

Todo lo dicho hasta aquí arroja conclusiones claras sobre el carácter de este gobierno, reflejado en su política económica: por un lado, se trata de una política abiertamente desigualadora, que genera mayores brechas sociales y beneficia a los sectores más concentrados; por otro lado, sin siquiera garantizar inversiones, consolida una política muy vulnerable por su fuerte dependencia de los mercados financieros y por el sostenimiento de las ganancias a las grandes corporaciones. El reciente anuncio de un acuerdo con el FMI para “apalancar” la continuidad de la política monetaria y financiera es el lamentable broche de un gobierno perdido en su propio laberinto y que lejos de apuntar al futuro retrotrae al país a repetir frustrantes experiencias pasadas. Se termina así el breve auge de crecimiento económico empujado por capitales de préstamo y déficit público. En un país cada vez más endeudado, nuevamente se fortalecen los acreedores y los certificados de buena conducta del FMI. Los impactos negativos en materia económica y social son por demás conocidos. El ciclo económico al que parece condenado el país en la democracia argentina vuelve a repetirse.

Primeras firmas:

Rubén Lo Vuolo, Roberto Gargarella, Maristella Svampa, Beatriz Sarlo, Gabriela Massuh, Alicia Lissidini, Patricia Pintos, Enrique Viale, Juan Piovani, Marcelo Giraud, Guillermo Genta, Jorge Guevara, Patricia Bracco, Gabriela Cardarelli, Haydee Troisi, Luis Escobar, Matias Drivet, Carlos Suarez

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Documento 1.

Hacia una caracterización del gobierno de Cambiemos

 La ampliación del horizonte punitivo

y los derechos humanos

Febrero de 2018

Adhesiones a: espaciopensamientocritico@gmail.com

A más de dos años de gestión, es necesario hablar del gobierno de Cambiemos sin utilizar como atenuante la insistente coartada acerca de la “herencia recibida”. Importa analizar el actual gobierno en términos políticos, económicos, sociales y culturales, en sí mismo; esto es, como un proyecto autocontenido, visible en las políticas que se han venido aplicando en los diversos órdenes, a lo largo de estos dos primeros años.

Eso no significa que haya que dejar de lado el pasado o analizar la situación actual del país ignorando la historia anterior. Al contrario, podríamos señalar las continuidades y rupturas que representa el gobierno de Cambiemos respecto de otras gestiones gubernamentales, post-1983; también podríamos hacer hincapié sobre las responsabilidades del gobierno anterior en el actual estado de cosas (social, político, económico) o su tolerancia para con la corrupción; asimismo, podríamos marcar los problemas económicos y sociales traspasados por el gobierno anterior así como la ausencia de autocrítica de parte de diferentes sectores –políticos, económicos e intelectuales- respecto de las políticas previas a 2015. También podríamos ocuparnos de ciertas mejoras que se observan en algunas áreas de gobierno con respecto a gobiernos anteriores, como así también del accionar de muchos grupos de la oposición cuya crítica sólo busca limpiar las responsabilidades propias en el pasado y culpar a la actual gestión de todos los problemas del país.

Sin embargo, y no sólo por un problema de extensión, en este primer documento de análisis crítico de la gestión de Cambiemos, nos interesa ocuparnos de una cuestión que ya es un signo inequívoco de este gobierno y que merece una reacción urgente: su retórica y su política en materia de derechos humanos y de seguridad ciudadana. Para ello, lo primero es señalar que las referencias al pasado ya no son suficientes para explicar lo que está sucediendo; incluso, se vuelven cada vez menos necesarias para caracterizar al actual gobierno argentino. Más aún, el uso y abuso que la gestión actual ha venido haciendo de la “herencia recibida” en muchos casos no buscó siquiera superar problemas heredados sino más bien tendió a profundizarlos, tal como lo ilustra la continuidad de la dinámica polarizadora de la sociedad o la profundización de la violencia política estatal y del carácter represivo  del accionar de las fuerzas de seguridad.

Nuestro propósito en este documento es hacer eje en las transformaciones que promueve el presente gobierno, con la convicción de que se trata de un proyecto político-ideológico que pretende volverse hegemónico y consolidar un nuevo orden político, económico y social en el país. Este texto no busca agotar esta complejidad sino que representa nuestro primer análisis y nuestra primera declaración en la materia, centrada en la temática de los derechos humanos, vinculada a la protesta social, la problemática indígena y la seguridad ciudadana, por entender que la misma representa una ruptura con los mejores valores que buscó construir la recuperación democrática en el país.

En términos de  violencia política estatal, el gobierno de Cambiemos ha cruzado un umbral. El doble discurso, las tensiones y contradicciones propias del kirchnerismo son parte del pasado. En el gobierno anterior había un discurso de derechos humanos, que coexistía con una política de criminalización y represión, mientras que bajo la gestión de Cambiemos no hay invocación alguna a los derechos humanos como guía de las políticas públicas. Por el contrario, contra la doctrina de los derechos humanos, individuales y colectivos, el gobierno de Cambiemos plantea una política de criminalización que se aplica de manera cada vez más sistemática y generalizada sobre el conjunto de los diferentes actores sociales y políticos movilizados, en un contexto de visible aumento de la protesta social.

Así, la violencia institucional se agravó  y en los últimos meses se abrió a una nueva época; primero, con el hallazgo sin vida del cuerpo de Santiago Maldonado en el río Chubut, luego de estar desaparecido durante 78 días, donde todavía se desconocen las causas de su  muerte por ahogamiento, sucedida en un contexto de represión de fuerzas de Gendarmería, de la cual el gobierno ha buscado de modo sistemático des-responsabilizarse; luego con el asesinato por la espalda del joven mapuche Rafael Nahuel, en Río Negro, por parte de las fuerzas de Prefectura, una acción criminal justificada públicamente por altos funcionarios de gobierno. En un contexto de clara disputa por la tierra con grandes actores económicos, el gobierno convirtió a la población mapuche en una suerte de “enemigo interno” buscando así disciplinar cualquier disputa sobre la apropiación de los recursos naturales en el país.

La agresiva campaña política y mediática que apunta a asociar al pueblo mapuche con la violencia política, supuestamente articulada por el grupo radicalizado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), de cuya existencia y accionar no se ofrecen pruebas convincentes, se ha vuelto un injustificado ensayo de agresión del poder político y económico contra los grupos más vulnerables de la población. Esta campaña de demonización de grupos vulnerables que protestan contra las políticas oficiales está ligada a la apuesta explícita que el gobierno de Cambiemos hizo por la profundización del modelo extractivo, basado en la explotación de combustibles no convencionales, la megaminería a cielo abierto, la multiplicación de represas hidroeléctricas, de centrales nucleares y la expansión de cultivos transgénicos, a lo cual hay que añadir los emprendimientos inmobiliarios, muchos de ellos en manos de propietarios extranjeros.

Estamos ante una gestión gubernamental que sólo reconoce los derechos del capital en los territorios nacionales, para lo cual ha resuelto profundizar el modelo extractivista adoptando modalidades represivas estatales más graves, que revelan no sólo la responsabilidad del gobierno nacional sino su connivencia con ciertos discursos y representaciones sociales de los sectores más conservadores y reaccionarios de la sociedad argentina.

Causa alarma la insistencia del gobierno, muy propia de las últimas décadas, de tratar las cuestiones de derechos a la luz de lo que expresen coyunturales encuestas de opinión pública. Montado en la ligereza y la irresponsabilidad,  propias de las políticas de seguridad de las últimas décadas, el gobierno habla hoy de una “nueva doctrina” en la materia, con lo cual busca justificar crecientes acciones de represión estatal. No se trata de un “plan sistemático” (entre otras razones, por la improvisación con que se maneja en el tema y los “frenos políticos” que mantiene), pero tampoco de meras afirmaciones desafortunadas y hechos aislados. El gobierno, bajo el impulso fundamental, pero no exclusivo, del propio Presidente y su Ministra de Seguridad, busca sostenidamente justificar el “endurecimiento” de la acción represiva del Estado en un vasto campo  que se extiende desde el accionar policial hasta la política de derechos humanos y su relación con el Sistema Internacional de Derechos Humanos. En lo que sigue nos ocupamos de señalar algunas de las piezas del sistema que viene articulando.

En relación con el accionar policial, desde los lugares más prominentes del gobierno se alienta la idea según la cual la muerte del delincuente es una opción más, disponible sin mayores resguardos, para los agentes de seguridad. El hecho de que el Presidente felicitara en público a un agente policial procesado por haberse excedido en el ejercicio de sus funciones, y responsable de haber matado a un presunto delincuente (e insistiera con ello aún luego de la confirmación del procesamiento por la Cámara Nacional Criminal y Correccional), es de una gravedad difícil de exagerar: ningún gobierno puede celebrar nunca la muerte de nadie, ni merece poner nunca a quien ha matado, como un ejemplo.

Otro elemento de la nueva doctrina en la materia  se observa a nivel probatorio, cuando la Ministra de Seguridad se pronuncia en el sentido de “cambiar la presunción de inocencia a favor de las fuerzas de seguridad”. Esta afirmación no sólo choca contra la Constitución, sino también contra la idea, propia del sentido común, que nos dice que el poder extraordinario que adjudicamos a quienes llevan armas de fuego, exige de cuidados y controles también extraordinarios sobre el modo en que ellos pueden hacer uso de ese poder.

El gobierno y sus defensores también proponen dar un giro en el área procesal, que se advierte cuando quieren presentar como extremas, o propias del fanatismo doctrinario, a las posiciones llamadas “garantistas” –esto es, a la defensa de garantías procesales que son asumidas aún por el más modesto derecho penal liberal, en cualquier país civilizado. Lo cierto es que, si reconocemos derechos, también a los victimarios, ello no es por su condición de criminales, sino porque todos los seres humanos deben ser tratados como tales, si se pretende respetar los derechos humanos universales.

En el ámbito penal, y desde las más altas esferas del gobierno, también se advierte la promoción de pautas conservadoras en cuestiones tan básicas como la prisión preventiva, la libertad condicional, o aún la pena de muerte –que nuestro derecho decide en línea con las exigencias del Pacto de San José de Costa Rica. Todas estas cuestiones siguen siendo elementales para el funcionamiento del Estado de derecho que el gobierno dice querer respetar; como ejemplo, vale señalar que el Pacto establece de modo explícito que “no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”. La nueva doctrina que busca difundir el gobierno en materia penal, aparece en clara tensión con los principales rasgos que definen nuestro derecho desde mucho antes que la Constitución de 1853.

El discurso constitucional del gobierno también aparece degradado en relación con los principios económicos y sociales básicos que dice sostener. En este sentido, sus objetivos en ciertas áreas económicas aparecen inequívocamente por encima de las exigencias que el gobierno debe cumplir en materia de derechos fundamentales. Los derechos económicos y sociales establecidos en la Constitución desde hace más de medio siglo no son tratados hoy como derechos inviolables e incondicionales sino como residuos de un programa que prioriza y garantiza beneficios y rentas al capital más concentrado. El argumento oficial que justifica estas prioridades en el falso apotegma que pretende que así se retomará el crecimiento económico, la generación de empleo y una mejor distribución, es teórica e históricamente insostenible. En la práctica, se traduce por la erosión de las garantías para el acceso a condiciones laborales y beneficios sociales básicos, y continúa políticas asistenciales residuales que no responden a las exigencias de bienestar social de la población en las actuales condiciones de funcionamiento del sistema económico.

Todo lo anterior aparece como un resultado lógico de la señalada postura del gobierno en materia de derechos humanos. En breve, bajo la gestión de Cambiemos, no hay invocaciones fundadas en los derechos humanos. No sólo el Presidente se ha referido a los mismos, más de una vez, en tono despectivo sino que además muchos de sus funcionarios y adláteres parecen negar la existencia de pactos internacionales, de toda una normativa legal y constitucional en defensa de estos derechos, a los cuales parecen considerar como “facciosos” (propios de una determinada facción política) y aún “nocivos” para el accionar público.

En suma, en materia de derechos humanos, como también de la protesta social, del reclamo de los pueblos originarios, de la seguridad ciudadana y del efectivo ejercicio de los derechos económicos y sociales, el gobierno de Cambiemos busca imponer un conjunto de políticas y de representaciones sociales que son contrarias a la doctrina nacional e internacional. Estas prácticas expresan un grave retroceso tanto en cuestiones de libertades individuales como en términos de autogobierno colectivo que es necesario rechazar y enmendar de forma urgente.

Primeras Firmas

Roberto Gargarella, Ruben Lo Vuolo, Maristella Svampa, Beatriz Sarlo, Silvina Ramirez, Horacio Tarcus, Patricia Zangaro, Enrique Viale, Alicia Lissidini, Pablo Alabarces, Patricia Pintos, Gabriela Massuh, Carlos Strasser, Andrea Sacca, Maximiliano Estigabirria, Ruben Famá, Pamela Cáceres, Martín Bergel, Carmen Sara Arraras, Julio Aguirre, Andrés del Río, Victoria Corte, Luis Escobar, Alejandro Gasel, Alberto Giordano, Americo Schvarztman, Pablo Aleman, Matìas Galimberti, Renato Berrino, Claudio Vallory, Juan Manuel Salgado, Matías Giletta, Hector Mazzei, Graciela Vega, Alejandro Vicchi, Daniel Mosquera, Daniel Rodríguez, Paulo Ricci, Vanesa Villarreal, Maria Alejandra Ciuffolini, Raquel Gil Montero, Carlos Prego, Daniel Mussitano, Julio Cavallo, Julia Katz

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